En comunidades de Guerrero, indígenas principalmente, se registran violaciones a los derechos de los ciudadanos de profesar con libertad una religión, quienes han recibido agresiones desde desplace de su localidad, hasta recibir golpes, obligarlos a participar en festividades de su pueblo y en los casos más graves hasta asesinarlos.
Al participar como ponente en el Foro la Libertad Religiosa como un Derecho Humano, organizado por el Consejo Estatal Interreligioso, la diputada Julieta Fernández Márquez, cuestionó que “Los grupos feministas puedan rayar fachadas, manifestarse con libertad por las calles, causar destrozos en edificios públicos y quemar el Congreso local, pero los ministros religiosos deben pedir permiso para oficiar misa o dar sermones en lugares fuera de sus recintos oficiales”.
También lamentó que en comunidades de Ayutla haya persecuciones religiosas “Que han dejado incluso personas desplazadas y algunas personas han perdido la vida, además de que se han incendiado casas de culto e iglesias, no se está respetando el estado de derecho, y no se garantiza la libertad religiosa”.
Esos problemas, dijo, inician porque las mayordomías de algunas comunidades obligan a toda la población a participar de las festividades religiosas. Y hay quienes no tienen interés en esos eventos o sus convicciones o ideología no es acorde, y los comisario aplican sanciones a los grupos minoritarios que no tienen interés de seguir esas tradiciones, por lo que pidió que se respete la máxima de que “Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Carlos Marx Barbosa Guzmán, presidente del Consejo Estatal Interreligioso, enfatizó la necesidad de que sean respetados los derechos a profesar de manera libre la religión que quieran, sin recibir presión de ningún tipo.
Propuso que como materia en las escuelas públicas se incluya la Deontología desde educación básica, que ayudaría a rescatar los valores como el respeto a la vida, al medio ambiente y a la sociedad en términos generales, lo que permitiría que las nuevas generaciones refuercen su formación ética y eviten caer en la ruta de la delincuencia.
En tanto, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Francisco Javier Luna Alarcón, durante su participación, explicó que es violatorio de la ley que en los sistemas de usos y costumbres se detenga, sancione, destierre, golpee, torture y hasta confisquen bienes por no participar en actos o procesos religiosos si no está de acuerdo, “Eso es indebido y es ilegal”.
En algunos casos se han registrado sanciones y hasta se ha negado la admisión a escuelas de distintos niveles educativos porque estudiantes de algún culto religioso no aceptan participar en los honores a la Bandera.
“Es un conflicto entre circunstancias legales, morales y religiosos; sin embargo, la educación no puede negarse bajo ningún argumento”, puntualizó el representante de los Derechos Humanos.
Fuente: Novedades ACAPULCO