Cinco expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido del riesgo agravado de violencia que afrontan las mujeres y niñas cristianas en Nigeria, en una comunicación dirigida al Gobierno del país que concedía al Ejecutivo sesenta días para dar explicaciones. Nigeria dejó vencer ese plazo sin pronunciarse, de modo que el documento se hizo público el pasado 13 de agosto.
El texto atribuye al Estado nigeriano una responsabilidad directa por no haber protegido a esas comunidades, a la vez que describe un patrón de agresiones que combina secuestros, violencia sexual, conversiones impuestas y matrimonios forzados. Los firmantes sostienen que las mujeres y niñas cristianas soportan una exposición mayor que el resto de la población, tanto por su condición religiosa como por su sexo.
Cinco relatorías respaldan la misma advertencia
La carta está firmada por relatores especiales y miembros de un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el órgano de la ONU que les encomienda vigilar un asunto determinado en todo el mundo. Su condición es voluntaria y ajena a la estructura administrativa de la organización, una fórmula concebida para garantizar que ningún gobierno ni la propia ONU condicione sus conclusiones.
Los mandatos que concurren en la carta son los que vigilan la violencia contra las mujeres y las niñas, las ejecuciones extrajudiciales, la situación de las minorías, la tortura y las desapariciones forzadas. La concurrencia de cinco de ellos en el mismo texto refleja la amplitud de los hechos denunciados, que afectan a todas esas áreas de derechos humanos de forma simultánea y no pueden abordarse desde una sola de ellas.
Un patrón sostenido, no episodios aislados
La comunicación no describe sucesos puntuales sino una práctica sostenida en el tiempo. El alcance de esa dinámica no se circunscribe a víctimas individuales, ya que entre los hechos documentados figura el asalto a una congregación entera y la desaparición simultánea de varias de sus integrantes, de las que no se ha vuelto a tener noticia.
Lo que distingue estos hechos de la inseguridad general del país es lo que sucede con ellas después. El documento describe cómo las gestiones para recuperar a las menores retenidas quedan sin efecto ante instancias locales que en ocasiones respaldan la situación en lugar de revertirla, y cómo las supervivientes cargan con el rechazo de su propio entorno una vez liberadas; un estigma que prolonga el daño mucho más allá del ataque inicial.
El texto se detiene igualmente en la situación de las desplazadas internas, cuya vulnerabilidad se agrava por la escasez de alimentos y de atención médica. En ese contexto, los expertos recogen denuncias de menores obligadas a intercambiar favores sexuales por ayuda básica y constatan que algunas mujeres cristianas han optado por vestir el hiyab con el fin de pasar inadvertidas y ganar aceptación en su entorno.
El reproche alcanza al Estado
La advertencia no se limita a los grupos armados que ejecutan los ataques, sino que alcanza al propio Estado nigeriano, al que los firmantes atribuyen complicidad, consentimiento o negligencia. La carta subraya además que no es la primera vez que estos mecanismos se dirigen a Abuya sin obtener respuesta, y sobre esa reiteración fundamenta su exigencia de medidas urgentes para amparar a las víctimas y a la población civil que continúa expuesta.
Los expertos sostienen que Nigeria incumple sus compromisos internacionales en materia de libertad de creencia, protección de las minorías y prevención de la trata de personas. Asimismo, recuerdan que un Estado no queda exento de responsabilidad por el hecho de que la violencia la ejecuten grupos armados y no agentes públicos. Su obligación de prevenir, investigar y sancionar se mantiene, y es precisamente esa obligación la que, a juicio de los firmantes, Nigeria ha desatendido.
Las cifras y la incidencia internacional
Para dimensionar la magnitud de la violencia, la carta se apoya en datos según los cuales Nigeria concentraría el mayor número de cristianos asesinados por su fe en todo el mundo, una cifra que coincide con la recogida en la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas, referida al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Según esa misma organización, el país figura además en el séptimo puesto del índice global de persecución religiosa. Los propios firmantes advierten de que se trata de información aportada por terceros y no verificada por la ONU.
La difusión del documento responde en parte al trabajo de organizaciones de derechos humanos y libertad religiosa que trasladan casos a estos mecanismos. Entre ellas, Alliance Defending Freedom International (ADF International) reivindica haber impulsado la comunicación y reclama a las autoridades nigerianas que reformen los marcos legales que, a su juicio, favorecen la discriminación contra las minorías religiosas. El Gobierno de Nigeria no ha respondido hasta la fecha.
Fuente: actualidad evangélica