Las confesiones evangélica, musulmana y judía trasladaron a la comunidad académica los principales retos que la polarización política y social plantea a las minorías religiosas en España, durante una mesa redonda celebrada el pasado miércoles en la Universidad San Pablo CEU. El encuentro, enmarcado en las Jornadas científicas CATOLyPOL sobre polarización y politización de la religión, reunió al consejero de medios de comunicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE), Jorge Fernández, junto a representantes de la Comisión Islámica de España (CIE) en la Comunidad de Madrid y del Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).
Las jornadas, organizadas por el Observatorio CEU sobre Religión y Sociedad, el Grupo de Investigación en Sociedad, Comunicación, Identidad Religiosa y Libertades Públicas y el proyecto de investigación Catolicismo y Polarización, se desarrollaron durante dos días, el pasado martes y miércoles, bajo la dirección de los profesores José Francisco Serrano Oceja y Elena Cebrián Guinovart. La mesa sobre las confesiones con notorio arraigo estuvo moderada por Jorge Subirán Marcos.
Un foro académico sobre religión y sociedad
La jornada del miércoles, 3 de julio de 2026, se abrió con una ponencia del profesor Miguel Ángel Dionisio Vivas, de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el estado de la investigación acerca de la polarización del catolicismo español. Dionisio repasó dos siglos de relaciones entre la Iglesia y el Estado, desde la Constitución de Cádiz hasta la actualidad, y subrayó que el catolicismo español nunca fue un bloque homogéneo, sino una realidad plural atravesada por corrientes enfrentadas. El ponente reivindicó la necesidad de seguir investigando la historia religiosa como parte esencial de la historia de España.
Polarización social y gestión interna
En su intervención, Jorge Fernández abordó las tensiones que atraviesa la comunidad evangélica a raíz de debates que afectan al conjunto de la sociedad. Señaló que asuntos como la gestión de la pandemia, la guerra entre Israel y Gaza, el debate migratorio o las leyes sobre el inicio y el final de la vida han generado sensibilidades enfrentadas dentro de las iglesias.
Fernández recordó que la Federación agrupa a unas 3.500 iglesias sin ejercer autoridad jerárquica sobre ellas, y que su labor se sostiene en el diálogo y la representación democrática. Durante la pandemia, la Federación colaboró con las autoridades sanitarias para gestionar el cierre temporal de los lugares de culto, una medida que algunos líderes eclesiales interpretaron como una limitación de la libertad religiosa. El consejero subrayó que, pese a esas diferencias, prevaleció el sentido común y se preservó la confianza interna.
Fernández defendió que estas tensiones no amenazan con provocar divisiones, y que han consolidado un vínculo de confianza que sitúa a FEREDE como la única federación representativa de la comunidad evangélica ante el Estado, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde coexisten varias entidades.
Reivindicaciones ante la administración
Su propuesta se centró en un mayor desarrollo de los Acuerdos de cooperación firmados con el Estado en 1992. Fernández los describió como un avance importante que, sin embargo, se ha aplicado de forma lenta y parcial. Expuso ejemplos concretos en varias áreas. En materia de asistencia religiosa en hospitales, centros penitenciarios y las Fuerzas Armadas, señaló que los capellanes evangélicos realizan su labor de forma altruista y costean de su bolsillo los desplazamientos.
Aclaró que la comunidad evangélica no ha solicitado nunca financiación pública para el culto, por convicción y por el principio de separación entre iglesia y Estado, pero reclamó que no se le añadan cargas adicionales en los servicios que presta a la sociedad.
Fernández también lamentó las crecientes restricciones a la presencia evangélica en los medios públicos, pese a más de 40 años de emisión ininterrumpida en la televisión pública. Puso como ejemplo la falta de renovación de contratos y limitación en los recursos, pese a lo cual se sigue haciendo un programa de calidad. A ello sumó las trabas urbanísticas para abrir lugares de culto, con normativas autonómicas que, según indicó, dificultan la ubicación de las congregaciones tanto en zonas residenciales como en polígonos.
El consejero recordó una reivindicación histórica que calificó como especialmente dolorosa, relativa a los pastores jubilados a quienes no se les permitió cotizar durante el franquismo. Señaló que existe una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por trato discriminatorio en este asunto, respaldada por sentencias de tribunales nacionales, sin que se haya resuelto pese al paso de los años. Algunos de esos pastores, lamentó, han fallecido sin ver reconocido ese derecho.
Fernández apuntó además que el Estado ha tomado medidas que afectan al ejercicio de la libertad religiosa sin consultar a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo en el que están representadas las confesiones y la sociedad civil. Describió esa falta de interlocución como un «ninguneo doloroso» que alcanza al conjunto de las comunidades religiosas.
Tres confesiones, un diagnóstico compartido
Las intervenciones de las confesiones musulmana y judía confluyeron en gran parte del diagnóstico. Hicham Oulad Mhammed, representante de la CIE en la Comunidad de Madrid, describió la politización de lo religioso como una amenaza para la calidad de la democracia y no solo para una confesión concreta. Detalló las manifestaciones de rechazo que sufre la comunidad musulmana, desde la infradenuncia de los delitos de odio hasta la discriminación en el acceso al empleo y la vivienda, con especial incidencia sobre las mujeres musulmanas.
Oulad Mhammed reclamó la evaluación efectiva de los Acuerdos de 1992 en áreas como la enseñanza religiosa, la asistencia en instituciones penitenciarias y la apertura de lugares de culto. Denunció también que en los medios de comunicación se habla del islam sin contar con voces musulmanas, y que cuando se les invita se les limita a opinar exclusivamente sobre religión.
María Royo, del Observatorio de Antisemitismo de la FCJE, describió la situación de la comunidad judía como la peor que recuerdan sus miembros, agravada desde el 7 de octubre de 2023. Explicó que las sinagogas, colegios y centros comunitarios judíos permanecen bajo protección policial permanente, y advirtió del riesgo de confundir la crítica política a un Estado con el prejuicio religioso contra un pueblo.
Royo propuso varias líneas de investigación a la comunidad universitaria, entre ellas el coste psicosocial de la invisibilización de los jóvenes judíos, el impacto de los boicots en entornos no políticos y la brecha entre la educación institucional sobre el Holocausto y la comprensión real del antisemitismo en las aulas.
Los tres representantes coincidieron en reclamar que los jueces, los cuerpos de seguridad y el sistema educativo tengan mayor formación en pluralidad religiosa, así como una actualización de los marcos legales ante los desafíos que plantean internet y las redes sociales.
Fuente: actualidad evangélica