De acuerdo al artículo 27º de la Constitución de Nicaragua “El Estado no discriminará por motivos religiosos ni de ningún otro tipo”, asimismo el artículo 29º declara que “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia”. Sin embargo, el país se ha vuelto un foco de preocupación internacional ante la persecución contra la Iglesia Católica que ha ejercido el gobierno de Daniel Ortega, actual presidente de la nación centroamericana.
Esta problemática inició en 2018 cuando, a causa de las revueltas dadas en el país debido a la crisis que la población enfrentaba, la Iglesia Católica emitió una postura contra la violencia e invitó al diálogo entre el gobierno y los manifestantes, lo que no pareció agradar al gobernante de esta nación.
Desde entonces, la persecución a esta institución religiosa ha empeorado.
Espionaje, detenciones, expulsiones, expropiaciones y más
La investigadora nicaragüense exiliada, Martha Patricia Molina, en su estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, detalla que han ocurrido 529 ataques contra esta institución religiosa desde abril de 2018 hasta marzo de 2023.
Ha pasado de insultos a allanamientos de los templos, detenciones, encarcelamientos y exilio de líderes y religiosos, cierre de medios de comunicación y universidades, así como expropiación de sus propiedades y prohibición de procesiones en la vía pública.
El presidente Ortega no ha parado de llamar a los líderes católicos “demonios de sotana”, “terroristas”, “golpistas” y “sotanudos católicos”, justificando de esta manera sus acciones en contra de los católicos.
El informe de Libertad Religiosa 2022 del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, explicó que durante los oficios religiosos, actores en favor del Presidente Ortega “asistían para monitorear los sermones, impidiendo que se llevaran a cabo algunos servicios debido a la intimidación”.
El caso de Monseñor Álvarez
Un caso que deja en clara evidencia la difícil situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua es el de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la diócesis de Matagalpa.
Álvarez se ha mostrado crítico de la situación que ocurre en Nicaragua, abordando los problemas por los que pasan los ciudadanos y los fieles católicos, además de ser un participante relevante de la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el diálogo, durante las revueltas populares ocurridas en el país en el 2018.
Debido a estas intervenciones, fue detenido en agosto de 2022 sin cargos por más de 100 días, hasta que en diciembre de ese mismo año, fue acusado de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
En enero de 2023, el diario “La Prensa de Nicaragua” publicó unas declaraciones de Monseñor José Antonio Canales, obispo hondureño de Danlí, en las que compartió que se le ofreció la libertad a Rolando Álvarez si dejaba el país, pero no aceptó.
En julio de 2023, se informó que la Iglesia Católica de Nicaragua había sostenido negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega para liberar a Monseñor Álvarez, sin embargo estas fracasaron y el líder religioso se mantiene recluido en la cárcel “La Modelo”. Mientras, la persecución contra la Iglesia Católica sigue ocurriendo en el país.
La persecución religiosa no debe ser permitida, alcemos la voz ante la violación de los Derechos Humanos.
Fuente: Sala de Prensa CNLR