Un tribunal de La Habana condenó a Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años —conocida en redes como Anna Bensi—, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, por violar la privacidad de un agente de la Seguridad del Estado al que grabaron en su domicilio. El cargo fue el de «actos contra la intimidad personal y familiar» y la pena impuesta fue de dos años de «limitación de libertad» para cada una, una medida que se cumple fuera de prisión, bajo supervisión judicial, con la obligación de comparecer cuando se las cite, la prohibición de cambiar de residencia sin permiso y restricciones para viajar fuera de la provincia. Según la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), la jueza Zamira Marrero Morgado dictó dos años de arresto domiciliario. El abogado defensor, Roberto Ortega, anunció que la defensa recurrirá la sentencia.
El caso se remonta al 10 de marzo, cuando un agente del Departamento de Seguridad del Estado acudió vestido de civil al domicilio de la familia, en el barrio habanero de Alamar, para entregar una citación; las mujeres lo grabaron y el vídeo se difundió en internet. Dos semanas después, el agente Yoel Leodán Rabaza Ramos presentó una denuncia y su abogado solicitó dos años de cárcel para Benítez y dos años de arresto domiciliario para su madre. La fiscalía se apoyó en el artículo 393 del Código Penal cubano, que protege la imagen, la voz y los datos personales; el Ministerio del Interior sostuvo que grabar a una persona y publicar su imagen sin consentimiento constituyen dos actos distintos y rechazó que Benítez fuera procesada únicamente por filmar a un funcionario. La causa se reactivó en abril, tras una discusión en línea de Benítez con un coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, y en julio la joven fue interrogada durante más de diez horas.
El día del juicio, el pastor Rolando Pérez Lora fue detenido cuando se dirigía al tribunal, y el pastor juvenil de la Convención Bautista de Cuba Occidental, David Espinosa, y su esposa también fueron arrestados; los cuatro quedaron en libertad al terminar la vista. Las periodistas independientes Yoani Sánchez y Camila Acosta denunciaron que la policía les impidió salir de sus casas para cubrir el proceso, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos describió las medidas como un operativo para mantener alejados del tribunal a activistas, reporteros y religiosos. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cerca de treinta representantes de comunidades religiosas rezaron y cantaron frente a la sede judicial en Cojímar, y los líderes religiosos Arturo Leal y Bárbaro Marrero acompañaron a las mujeres en el interior. Antes de entrar, Benítez afirmó que discrepar del sistema político del país no es un delito.
Las denominaciones protestantes Asambleas de Dios, Convención Bautista de Cuba Occidental, Liga Evangélica de Cuba e Iglesia Metodista de Cuba emitieron declaraciones de apoyo. La Convención Bautista, que reconoció a ambas mujeres como miembros de pleno derecho, advirtió que la condena «será la gota que colme el vaso» en un país que atraviesa hambre, enfermedad y escasez, afirmó que «no son delincuentes, agresoras, narcotraficantes, terroristas ni mercenarias» y aseguró que la iglesia no las abandonará. La directora de incidencia de CSW, Anna Lee Stangl, calificó el veredicto de «grave error judicial» e instó a Cuba a anularlo; también lo condenaron varios legisladores estadounidenses, y la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó que «pensar diferente no es un delito».
Fuente: The Christian Post