La Sikh Federation (UK) acusó al Gobierno británico de no proteger a la comunidad sij, al quedar los delitos de odio antisij ocultos dentro de estadísticas más amplias sobre odio racial y religioso. El mensaje se transmitió en un acto paralelo a la Conferencia del Partido Laborista, organizado por Stand Up To Racism, donde intervino Kuldeep Singh, director ejecutivo de administración de la Federación, quien reclamó un mejor registro policial, datos precisos sobre las víctimas y medidas más firmes. «No se puede combatir el odio antisij si no se puede ver el odio antisij», afirmó, y pidió al Gobierno «dejar de esconder el problema en los datos y empezar a confrontar su verdadera magnitud».
Singh expuso tres casos recientes en las West Midlands. En Wolverhampton, en agosto de 2025, dos taxistas sij de edad avanzada fueron agredidos; tres hombres fueron detenidos en el lugar y, pese a existir testigos y pruebas en vídeo, los cargos se presentaron en enero de 2026 y el juicio quedó fijado para septiembre de 2029, lo que obligaría a las víctimas a esperar más de cuatro años. En Oldbury, en septiembre de 2025, una joven sij fue atacada camino del trabajo en un hecho calificado por la policía como agresión con agravante racial; pese a una recompensa de 20.000 libras y a una campaña comunitaria, más de un año después los responsables no habían sido identificados. En Walsall, una joven sij fue seguida hasta su casa y violada con agravante religioso; el autor, identificado mediante cámaras de seguridad, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Según Singh, los tres casos se registraron como delitos con agravante racial o religioso, y no como delitos de odio específicamente antisij.
La Federación recordó que, según datos del Ministerio del Interior para el año cerrado en marzo de 2025, se registraron en Inglaterra y Gales 82.490 delitos de odio racial —el 71 % del total— y 7.164 delitos de odio religioso, y que la policía anotó la etnia de la víctima solo en el 40 % de los casos con agravante racial o religioso, pese a ser obligatorio desde hace más de cinco años. Denunció además que los estándares estadísticos del Gobierno no obligan a registrar a las víctimas sij y judías como grupos étnicos diferenciados, aunque la Equality Act de 2010 así los reconoce, y pidió que estas preocupaciones se tengan en cuenta en la norma revisada de armonización étnica prevista para finales de año.
Singh reclamó el uso de datos anonimizados del censo para desglosar mejor a las víctimas por comunidad —propuesta ya presentada once meses antes al ministro de Policía mediante una delegación parlamentaria transversal— y estimó que la cifra real de delitos de odio antisij podría ser hasta veinte veces superior a la oficial, aclarando que no se trata de un dato oficial. Recordó que Keir Starmer, siendo líder de la oposición, había reconocido que gobiernos anteriores fallaron a la comunidad sij y había prometido abordar estos delitos, y emplazó al Ejecutivo a cumplir ese compromiso antes de la publicación del próximo informe anual de delitos de odio, prevista para finales de octubre: «Tiene la oportunidad de exponer el problema en lugar de ocultarlo».
Fuente: Sikh Siyasat News