Cincuenta obispos y líderes de denominaciones pentecostales hispanas, que representan a más de 21.000 congregaciones en Estados Unidos y América Latina, se reunieron en Washington el martes 8 de septiembre para pedir a la administración Trump que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 170.000 inmigrantes salvadoreños, cuyo estatus migratorio legal estaba previsto que expirara al día siguiente.
«La iglesia necesita estar donde duele, y lo que duele hoy es la comunidad inmigrante», dijo el obispo Benjamín Feliz, presbítero general de la Iglesia de Dios de la Profecía en Centroamérica. «Según la Biblia, ellos tienen la imagen de Dios y deben ser tratados con dignidad y respeto por la santidad de la vida.»
La reunión fue organizada por la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), un nuevo grupo lanzado en enero que une a varias denominaciones pentecostales. Su portavoz, Agustín Quiles, señaló que los líderes de 36 estados se sintieron impulsados a involucrarse más por el dolor que presencian a diario: contabilizaron 19 pastores bajo su cargo que han sido detenidos o deportados, además de casi 200 miembros de iglesias. «Para nosotros esto no es un evento político —dijo—, es un evento espiritual… una labor pastoral de la iglesia. Queremos trabajar con el gobierno, con nuestro presidente. Necesitan escucharnos.»
El superintendente Rigoberto Magaña, del Distrito Central de las Asambleas de Dios, calificó el encuentro como un paso histórico hacia la unidad entre 12 denominaciones pentecostales: «Hemos estado fragmentados por demasiado tiempo. Creo que Dios está usando esta situación con la inmigración para acercarnos.» El grupo también pidió reanudar el TPS para los haitianos, que perdieron su estatus el 27 de julio.
Los evangélicos hispanos fueron parte clave del electorado que eligió a Donald Trump —el 64 % de los protestantes hispanos declaró haber votado por él en 2024, según el Public Religion Research Institute—, pero los líderes se mostraron divididos sobre el efecto de las políticas migratorias en su voto futuro. «Creo que fuimos engañados cuando votamos», dijo el obispo Víctor Artreche, quien supervisa 84 iglesias; «las políticas que se han promulgado no son las que votamos», recordando que se había prometido enfocar la aplicación de la ley en criminales. Más de la mitad de los más de 49.000 migrantes detenidos en julio no tenían antecedentes penales, según The Washington Post.
En una carta, los líderes pidieron la extensión del TPS: «Aunque apoyamos asegurar nuestras fronteras y deportar a personas condenadas por delitos graves, las políticas actuales también están dañando a inmigrantes trabajadores, padres, miembros de iglesias y vecinos que merecen protección y debido proceso.» Artreche añadió que, de no ser escuchados, los pentecostales hispanos están listos para mostrar su fuerza en las urnas en las próximas elecciones.
Fuente: Religion News Service