En un clima de creciente tensión en Bolivia, la Iglesia Católica se unió a organismos de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo para convocar a un espacio de diálogo.
Cursando la tercera semana de paros y bloqueos, en los últimos días se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques a instituciones en La Paz, con manifestaciones en las calles, explosiones y disturbios, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre pasado.
Tras el insistente reclamo por una “pausa humanitaria” que garantice el libre tránsito de ambulancias, alimentos, combustible y medicamentos, la Iglesia Católica, representada por el Obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Mons. Giovani Arana, se unió a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto para hacer un llamado conjunto al diálogo por el bien común.
Las tres instituciones expresaron su preocupación “ante la escalada de conflictividad que atraviesa el país, los hechos de violencia suscitados el día de hoy [lunes], las expresiones verbales ofensivas, así como la vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros”.
En ese contexto, manifestaron “honda preocupación ante esta situación que no debiera presentarse en ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”.
“Frente a la intransigencia en el conflicto, llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, expresaron.
Por eso, convocaron al Gobierno, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” a convenir una fecha para abrir un espacio de diálogo.
Pese a la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción, y determinó en cambio reforzar los controles policiales y militares. Así lo manifestó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo tras una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas: “Se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, dijo, anunciando “medidas duras y estrictas”.
A los 32 puntos de bloqueo, que se encuentran distribuidos en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, se le suman las protestas a las que adhieren nuevos sectores, como los transportistas de El Alto que comenzaron un paro indefinido.
Mientras tanto, en La Paz y El Alto, el transporte público se encuentra interrumpido y algunos colegios han suspendido sus clases.
Fuente: aciprensa