Las autoridades de facto hutíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a cinco miembros de la comunidad bahá’í que llevan casi un año detenidos arbitrariamente en Saná sin cargos como parte de la persecución en curso de personas de la confesión minoritaria bahá’í, ha afirmado Amnistía Internacional, en medio de la preocupación de que los hombres puedan correr peligro de sufrir nuevas violaciones, como tortura y otros malos tratos.
El 25 de mayo de 2023, fuerzas armadas hutíes irrumpieron en una reunión pacífica de bahaíes en una residencia privada de Saná y detuvieron arbitrariamente a 17 personas, entre ellas cinco mujeres. Las hicieron desaparecer a la fuerza durante unos cuatro meses, hasta que sus familias se enteraron de que estaban recluidas en centros de detención de seguridad e inteligencia gestionados por los hutíes en Saná. Entre junio y diciembre de 2023, 12 personas, incluidas las cinco mujeres, fueron liberadas tras la presión internacional. Sin embargo, cinco siguen detenidas arbitrariamente y se les niega el derecho a asistencia letrada.
Entre los cinco bahá’ís que siguen detenidos arbitrariamente hay dos trabajadores humanitarios, Abdul’elah Muhammad al-Boni, de 30 años, y Hassan Tariq Thabet Al-Zakari, de 28, y un activista de derechos humanos, Abdullah al-Olofi, de 45 años. Los otros dos son Muhammad Bashir Abdel Jalil, de 25 años, e Ibrahim Ahmad Jo’eil, de 49.
«Es totalmente inaceptable que se persiga y encarcele a personas simplemente por ejercer sus derechos y practicar su religión y sus creencias. La implacable persecución de miembros de la comunidad bahá’í se ha prolongado durante demasiado tiempo con total impunidad. Ya es hora de que termine esta parodia de justicia», ha manifestado Diala Haidar, investigadora sobre Yemen de Amnistía Internacional.
«Las autoridades hutíes deben poner fin de inmediato a todas las formas de discriminación y persecución de la minoría bahaí y de todas las demás personas que son objeto de ataques únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión y de creencias. Debe permitirse a los bahaíes y a los miembros de cualquier otra confesión minoritaria practicar libremente su religión sin discriminación ni represalias.»
Según fuentes fidedignas, los huthis exigieron un avalista y el pago de una «garantía comercial» como condiciones para liberar a los 12 bahá’ís detenidos. Como condición previa para la liberación, algunos de los liberados fueron obligados a firmar compromisos en los que denunciaban su religión, en flagrante violación de su derecho a la libertad de religión y creencias.
En otro incidente ocurrido en 2020, los huthis pusieron en libertad a otros seis detenidos bahá’ís tras unos siete años de detención arbitraria a condición de que se exiliaran, como así hicieron. Obligar a personas a exiliarse por sus creencias religiosas o su oposición política constituye una violación atroz del derecho internacional de los derechos humanos.
Discurso de incitación a la violencia contra las minorías
La detención de bahaíes por razón de su fe viola las obligaciones de Yemen en virtud del derecho internacional y forma parte de una represión más amplia de las minorías por parte de las autoridades hutíes que Amnistía Internacional lleva documentando desde 2015. En varias ocasiones, funcionarios públicos han incitado a la violencia y la discriminación contra los bahaíes en discursos públicos.
Semanas antes de la detención arbitraria de los 17 bahaíes, Abdel Malek al Huthi, líder de los huthis, renovó en un discurso sus ataques contra las minorías religiosas, incluidos los bahaíes, acusándolos de conspirar para destruir el islam.
El 2 de junio de 2023, el gran muftí de Saná, afiliado a los hutíes, atacó a los bahaíes de Yemen en su sermón del viernes, acusándolos de querer perjudicar al país e incitando a la violencia contra ellos.
«Los bahaíes son muy conscientes del impacto de sus palabras llenas de odio, pero siguen incitando vergonzosamente a la violencia contra los bahaíes y otras minorías religiosas», ha declarado Diala Haidar.
«El gobierno internacionalmente reconocido también debe respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la protección de las minorías religiosas. Debe derogar las leyes que violan los derechos humanos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión.»
Yemen es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho de toda persona a tener o adoptar la religión o las creencias de su elección y a practicar su religión «individual o … con otras personas y en público o en privado».
Antecedentes
Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 100 miembros de la fe bahá’í en Yemen, que han sido detenidos por las autoridades de facto hutíes y sometidos a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos y a la denegación del derecho a un juicio justo.
En agosto de 2016, las autoridades hutíes irrumpieron en un acto pacífico de la comunidad juvenil bahá’í en Saná y detuvieron arbitrariamente a 65 personas, entre ellas 14 mujeres y seis niños.
En septiembre de 2018, 24 bahá’ís se enfrentaron a cargos inventados, entre ellos espionaje para Estados extranjeros, en procedimientos flagrantemente injustos. Ese mismo año, en enero de 2018, las autoridades hutíes condenaron a muerte al preso de conciencia bahá’í Hamid Haydara, de 52 años, por presunta colaboración con Israel y falsificación de documentos oficiales. Esta condena se produjo después de que Hamid Haydara llevara detenido desde diciembre de 2013 en un proceso viciado por cargos falsos, un juicio injusto y con denuncias creíbles de que había sido torturado y maltratado.
Los bahaíes también fueron perseguidos a causa de su fe antes del actual conflicto armado, bajo el gobierno del ex presidente Ali Abdullah Saleh.
Fuente: AMNISTÍA INTERNACIONAL