El rechazo de los evangélicos latinos y otros personas que ayudan a inmigrantes a una propuesta de ley que convertiría en un delito transportar personas que estén en el país sin un estatus legal, va en aumento.
La legislación es parte de una batida del gobernador Ron DeSantis y los republicanos del estado contra los inmigrantes. Pero el acápite sobre la transportación ha preocupado a líderes religiosos y grupos sobre cómo van a poder hacer su trabajo pastoral y vivir basados en sus creencias.
La propuesta, SB1718, presentada por Blaise Ingoglia, senador republicano estatal de Florida, incluye un acápite que convertiría en un delito grave de tercer grado «transportar hacia o dentro del estado a un individuo sobre quien la persona sepa, o razonablemente deba saber, que entró a Estados Unidos en violación de la ley o no ha sido inspeccionado por una agencia gubernamental desde su entrada ilegal desde otro país».
La legislación va a «criminalizar el trabajo de la iglesia», dijo Gabriel Salguero, pastor de The Gathering Place, una congregación de las Asambleas de Dios en Orlando, y fundador de la Coalición Nacional Latina Evangélica.
«Tenemos escuelas, tenemos escuelas dominicales, el ómnibus de la iglesia que los traen a culto, comedores sociales a los que a veces llevamos personas indocumentadas porque necesitan comida. A veces los llevamos a ver a sus abogados», declaró Salguero a NBC News.
Una propuesta aprobada con voto partidista
La legislación fue aprobada en el Comité de Reglas del Senado de Florida a mediados de marzo con un voto partidista de 15-5.
Dos senadores latinos republicanos en el comité, la senadora Ileana García, de Miami, y la senadora María Rodríguez, de Doral, apoyaron la medida. Un senador latino demócrata, Víctor Torres, de Kissimmee, votó en contra. La medida está a la espera de ser llevada a votación en el Senado y también está pendiente un voto en la Cámara.
La oficina de García dijo que la senadora no estaba disponible para hacer comentarios porque había viajado a su casa desde Tallahassee el jueves en la noche, por lo que no estaba en la oficina. Un miembro de su equipo remitió a NBC News una declaración de prensa de García sobre la legislación. La oficina de Rodríguez también remitió una declaración de prensa.
García y Rodríguez enfatizaron el problema del tráfico humano en sus declaraciones y dijeron que la propuesta apunta a ese problema. Ambas usaron la misma lista de puntos para subrayar acápites en la legislación. Pero ninguna incluyó el tema de la transportación, que ha generado oposición a la medida por parte de grupos religiosos.
García acusó a la «extrema izquierda» y a los medios de mentir sobre la legislación. Declaró que está orgullosa de su récord a favor de los inmigrantes y espera trabajar más en «los asuntos que mejoran la calidad de nuestros residentes y protegen a los más vulnerables».
«El tráfico humano es un problema serio que ha empeorado con las actuales políticas federales que alientan caravanas de inmigrantes a hacer el peligroso viaje hacia nuestras fronteras, contando con los servicios sociales pagados por los contribuyentes», dijo Rodríguez.
Muchos servicios sociales no están disponibles para las personas sin estatus legal, aunque los niños sí pueden ir a escuelas públicas y algunas clínicas proveen atención de salud sin tomar en cuenta la ciudadanía o estatus legal.
Matthew Soerens, vicepresidente de política y defensa en World Relief, una organización humanitaria cristiana, dijo que los pastores conocen su congregación lo suficiente como para saber quién ha cruzado las fronteras ilegalmente. Si el trabajador de una iglesia transporta a una persona, ello podría significar hasta cinco años de cárcel y hasta 15 años si el miembro de la iglesia recoge a un menor para una reunión de jóvenes.
Soerens afirmó que los patrocinadores de la legislación y quienes la respaldan les aseguraron a las iglesias y grupos religiosos que la medida no sería usada contra ellos. Es probable que los abogados aconsejen a la mayoría que tendrían una responsabilidad legal, por lo que las iglesias y los grupos religiosos no querrán ponerse en peligro.
Soerens señaló que la propuesta especifica el transporte de inmigrantes que hayan entrado al país de manera ilegal sin inspección, por lo que «aparentemente no están preocupados por aquellos que se quedaron en el país cuando se les vencieron sus visas».
Un estimado 42% de las personas que permanecen en el país de manera ilegal entró con una visa legal y permaneció en el país cuando expiró.
Muchas de las personas que han sido admitidas en el país bajo las políticas migratorias de Biden están en busca de asilo y fueron «inspeccionadas» en un puerto de entrada.
Salguero dijo que su iglesia no les pregunta a las personas si son indocumentadas, pero se enteran de su estatus como pasa con otras iglesias.
«Hay cerca de 3,000 iglesias evangélicas latinas en Florida, sin contar las iglesias católicas latinas y otras iglesias latinas», dijo. Si se añaden los inmigrantes haitianos y las iglesias que los atienden, queda claro que el estado tiene una gran población de inmigrantes, comentó.
José Vega, ministro en la Iglesia Chets Creek, en Jacksonville, afirmó durante una rueda de prensa telefónica de la Mesa Redonda Evangélica de Inmigración, el 30 de marzo, que quería expresar su «preocupación» sobre la legislación. «Por muchos años, he tenido la libertad de mostrar mi amor incondicional a las personas de todo el mundo, sirviéndoles de diferentes maneras y transportándolos a múltiples lugares», comentó.
Una legislación con antecedentes
La propuesta no es algo nuevo y recuerda a muchos los trabajos en una legislación federal de 2005 que llegó a ser conocida por el nombre de su patrocinador, el exrepresentante republicano James Sensenbrenner. Esa legislación también proponía convertir en delito la asistencia a inmigrantes. La legislación, que fue aprobada en la Cámara, provocó protestas masivas de muchos latinos y otros en todo el país el 1 de mayo de 2006 y a ella se opusieron grupos religiosos e iglesias.
Pero el escenario político ha cambiado desde entonces. El Partido Republicano se ha movido más a la derecha. Con DeSantis aparentemente cada vez más decidido a buscar la nominación presidencial republicana en 2024, el gobernador de Florida ha estado empujando una agenda bastante conservadora, incluyendo el tema de la inmigración.
El pasado septiembre, DeSantis envió dos aviones a Texas para recoger inmigrantes y llevarlos a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Grupos como el Ejército de Salvación y la Asociación del Clero de la Isla de Martha’s Vineyard, estuvieron entre los que ayudaron a los inmigrantes, muchos de los cuales buscaban asilo y habían sido liberados para esperar en el país por respuesta a sus pedidos de parte del sistema de inmigración.
La reciente legislación y el apoyo de algunos republicanos latinos les granjeó críticas y acusaciones de haber rechazado su pasado, de parte de Fabiola Santiago columnista del Miami Herald, una refugiada cubana que vino a Estados Unidos de niña como parte de los Vuelos de la Libertad. Santiago consideró la legislación y su versión en la Cámara «una bofetada en el rostro a nuestras familias de inmigrantes y estadounidenses nativos, quienes le han dado la bienvenida a inmigrantes en sus vidas».
«Recuerdo cuando la primera delegación hispana fue a Tallahassee con un propósito: representarnos», escribió Santiago. «Ahora los herederos se ponen alegremente la piel de una persona que odia a los inmigrantes y hacen su voluntad sin tener en cuenta el impacto en nuestras comunidades».
Fuente: NOTICIAS TELEMUNDO