En la lista de cuestiones que deben plantearse al gobierno turco, adoptada recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su 132ª sesión, los expertos del Comité han reflejado algunas de las preocupaciones de la Alianza Evangélica Mundial (AEM) sobre la situación de los cristianos evangélicos en Turquía.
El informe de la AEM fue presentado, junto con la Asociación Turca de Iglesias Protestantes y Middle East Concern en marzo de 2021 a la atención de los expertos, antes de su revisión del cumplimiento de Turquía de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Consideramos que la atención que ha recibido nuestro informe en el Comité es un resultado bastante positivo, pero, por supuesto, esperamos la respuesta del gobierno turco a las cuestiones planteadas en la lista del Comité”, subrayó la organización evangélica.
Prohibición de viajar y deportaciones
El Comité de Derechos Humanos de la ONU subraya la queja de la AEM sobre la prohibición de viajar y las deportaciones de líderes religiosos protestantes no turcos.
No era la primera vez que el organismo evangélico mundial hablaba de este tema en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya lo hicieron en 2020.
En el informe de 2021, la entidad evangélica había denunciado que “desde 2019 ha habido una campaña sistemática para etiquetar a los protestantes extranjeros como amenazas a la seguridad. Las víctimas se enteran, ya sea a través del proceso de renovación de su residencia o al salir del país, de que se les ha denegado la residencia y la reentrada en Turquía sin una aprobación previa,que se les niega sistemáticamente”.
“Las restricciones han sido emitidas por la Dirección General de Gestión de la Migración, basándose en los expedientes presentados por la Inteligencia turca (MIT). Las personas afectadas y sus representantes legales no han tenido acceso a los expedientes del MIT, en violación del debido proceso legal. Ninguno de los cristianos a los que se les ha denegado el permiso y han sido expulsados ha sido condenado por cometer un delito concreto”, dice el informe.
La AEM también explica que “la mayoría de los beneficiarios de las restricciones de inmigración eran asistentes a una conferencia cristiana completamente legal. Se supone que los asistentes extranjeros fueron incluidos automáticamente en una lista negra”.
“Muchos han iniciado recursos, pero los Tribunales Administrativos, así como el Tribunal Constitucional que conoce de los recursos de los Tribunales Administrativos, no han querido hasta ahora anular las órdenes”.
Teniendo en cuenta todo esto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido al gobierno turco que “aclare qué religiones están reconocidas según la interpretación que hace el gobierno del Tratado de Paz de Lausana, de 1923; y que responda a los informes sobre la prohibición de viajar y las deportaciones de líderes religiosos protestantes no turcos”.
Proteger a las minorías
El Comité también ha planteado la preocupación general de la AEM desde hace tiempo con respecto a la reserva al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El informe de la AEM señalaba que “Turquía ratificó el PIDCP, incluido el artículo 27, que dice que en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
Sin embargo, se mostraron preocupados porque “Turquía formuló una reserva al artículo 27, declarando: se reserva el derecho de interpretar y aplicar las disposiciones del artículo 27 del PIDCP de conformidad con las disposiciones y normas conexas de la Constitución de la República de Turquía y el Tratado de Lausana de 24 de julio de 1923 y sus apéndices”.
Según la AEM, “la reserva relativa al artículo 27 hace que las comunidades minoritarias, no mencionadas específicamente en el Tratado de Lausana de 1923, queden marginadas y sometidas a los caprichos de las autoridades nacionales y locales. Esto se aplica a la comunidad protestante de Turquía”.
Por ello, los expertos de la ONU han pedido al gobierno turco que “facilite información sobre los progresos realizados en la retirada de la reserva al artículo 27 del PIDCP”, con el fin de “garantizar que todas las personas pertenecientes a una minoría estén efectivamente protegidas contra cualquier forma de discriminación y puedan disfrutar plenamente de sus derechos en virtud del PIDCP”.
Fuente: Evangelical Focus
