(México) Pelea entre la Iglesia Católica y el secretario de Gobierno

“La comunidad católica se siente agraviada porque en forma burda y sin ninguna necesidad, se exhibe el ministerio de los sacerdotes, acusándolos de revelar el sigilo sacramental y desacreditando su ministerio. Los valores son universales, ningún grupo ni asociación tiene la patente de los mismos.

Agregamos que con este comportamiento se agrede el derecho humano de la Libertad Religiosa”.El documento expresa que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad religiosa y que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es una implicación necesaria, un requerimiento de la libertad humana y del sentido religioso; protege con el mismo alcance e intensidad al creyente y al no creyente; al ateo y al agnóstico; al practicante y al no practicante. “Desde este punto de vista, la laicidad del Estado es fundamental en el ejercicio de la libertad religiosa.

El Estado no debe preferir determinada religión, creencia o cosmovisión en detrimento de las demás pero, al mismo tiempo, debe reconocer sus aportes a la producción de bienes públicos. En una sociedad democrática, laicidad y libertad religiosa son complementarias e igualmente necesarias”; dice el comunicado y agrega que tanto el gobierno como la sociedad organizada deben reconocer el aporte que las distintas iglesias y grupos religiosos hacen al bien común, desde la pluralidad propia del entorno actual; las iglesias y grupos religiosos hacen un aporte indispensable e insustituible a la vida social del país y a la solución de sus problemáticas.“La tarea del secretario de Gobierno es mantener la gobernabilidad y favorecer una convivencia pacífica entre los diferentes actores.

No abona en nada polarizar a la sociedad ni enfrentar a los diferentes actores sociales; la buena gobernanza se consigue mediante el respeto, el diálogo y la colaboración. La Iglesia Católica es institucional.

Desde el ámbito de la fe tiene una vocación de servicio a los demás. Seguiremos colaborando con nuestras autoridades para promover el bien común y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, concluye.