La conferencia episcopal argentina y los grupos pro-vida han expresado su consternación por la aprobación pendiente de un nuevo protocolo de acceso al aborto.
En una breve declaración del 27 de julio, los obispos respaldaron una declaración anterior del cardenal Mario Poli de Buenos Aires y sus auxiliares, en la que «expresaron su particular preocupación por la extensión sin límites de la realización de un aborto y la ausencia del derecho institucional a la objeción de conciencia».
El 16 de julio, la legislatura local de Buenos Aires aprobó por abrumadora mayoría un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación conocido como Interrupción Legal del Embarazo, que establece las normas para acceder a los abortos legales en determinadas circunstancias -como el embarazo resultante de una violación o por motivos relacionados con la salud- permitidas por un fallo judicial anterior.
El protocolo -que no es una ley, pero ofrece orientación- se actualizó en diciembre, poco después de que el Presidente Alberto Fernández asumiera el cargo, y debe ser aprobado a nivel provincial para que entre en vigor en esa provincia.
Fernández prometió a principios de marzo introducir un proyecto de ley de despenalización del aborto, pero pospuso ese plan debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces ha reiterado sus planes de introducir un proyecto de ley de despenalización del aborto una vez que la pandemia termine.
Una encuesta nacional realizada en febrero por la Universidad de San Andrés encontró a los argentinos divididos en cuanto al protocolo, pero a favor de permitir el aborto en situaciones de violación.
Los grupos pro-vida se movilizaron con la aprobación del protocolo en Buenos Aires y han pedido al alcalde Horacio Rodríguez Larreta que lo vete, aunque fue aprobado por la legislatura de 60 escaños con 49 votos a favor.
El protocolo permite a las mujeres buscar un aborto en caso de agresión sexual sin necesidad de presentar una denuncia penal; en cambio, sólo requiere una declaración jurada. También dice que para las niñas mayores de 13 años, «su voluntad debe ser considerada», algo que, según los opositores del protocolo, permite que se tomen decisiones sin el permiso de un padre o tutor.
Los grupos pro-vida también se opusieron a los límites de los objetores de conciencia. Mariano De Vedia, abogado argentino y director de un periódico, dijo al Catholic News Service que el protocolo permite la objeción de conciencia, «pero con la condición de que la atención del paciente no se retrase y… el paciente (sea remitido) a un profesional que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento».
Poli cuestionó el momento de la introducción de la capital, diciendo el 16 de julio, «Nos duele y nos duele que en medio de un contagio letal, en el que tantos trabajadores de la salud y trabajadores esenciales se exponen y arriesgan sus vidas para salvar a otros, los legisladores vieron la oportunidad de avanzar una ley que ciertamente no es ‘honrar la vida'».
Fuente: Crux