El gobierno mexicano reafirmó el miércoles su compromiso con los derechos humanos, luego que un estudio halló que casi todos los casos de abusos perpetrados por soldados en la lucha contra los carteles de la droga quedan impunes.
La Procuraduría General de la República está trabajando para aplicar «cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos«, dijo el gobierno en un comunicado.
Reveló que se crearán unidades investigativas especiales para estudiar esos casos.
Además añadió que la fiscalía ya está aplicando reformas que fueron mencionadas en un informe elaborado en febrero, donde se incluyen varias recomendaciones mencionadas en el reporte emitido el martes por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
El comunicado dice que las fuerzas armadas han ampliado sus cursos de derechos humanos para soldados, con lo que han disminuido las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Afirmó que aprecia la asistencia de los militares en la ofensiva contra el narcotráfico en todo el país.
«La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país», dijo el gobierno.
Las fuerzas armadas han desempeñado un papel central en la guerra contra los cárteles narcotraficantes al menos desde finales de 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir a la delincuencia. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.
Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.
Los detractores dicen que las fuerzas armadas mexicanas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policiacos en el país son considerados corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos delictivos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles.
La WOLA halló que _a pesar de una reforma en que se permiten los juicios civiles a militares acusados de violaciones de derechos humanos_, la justicia civil solamente condenó a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3,2%.
Fuente: Hoy Los Ángeles