Durante la sesión más reciente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comunidad Internacional Bahá’í (BIC), Amnistía Internacional y la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) organizaron en Ginebra un panel sobre la libertad de religión o creencia en Egipto, al que asistieron diez Estados miembros de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros profesionales. El acto coincidió con la presentación del informe de EIPR titulado Erasure: Egypt’s Systemic Campaign to Eradicate its Bahá’í Community («Borrado: la campaña sistemática de Egipto para erradicar a su comunidad bahá’í»), basado en casos de familias bahá’ís y en más de veinte años de trabajo sobre libertad religiosa.
El director ejecutivo de EIPR, Hossam Bahgat, señaló que los bahá’ís enfrentan obstáculos en el registro de matrimonios, el empleo y los entierros, y recordó que una decisión del Tribunal de Casación prohíbe reconocer futuros matrimonios bahá’ís y anula los ya reconocidos, invocando el argumento del «orden público»; advirtió que la comunidad «se encuentra en particular peligro». Nicolas Levrat, Relator Especial de la ONU sobre Cuestiones de las Minorías, afirmó que, aunque la Constitución egipcia reconoce la libertad religiosa, en la práctica persiste la discriminación en el derecho de familia, el estatus personal y el derecho administrativo, y recordó la Declaración de la ONU de 1992 sobre los derechos de las minorías.
En intervenciones grabadas, Nazila Ghanea, Relatora Especial de la ONU sobre libertad de religión o creencia, describió las violaciones de derechos humanos en Egipto como «crónicas» y pidió una acción internacional directa y sistemática, mientras que el eurodiputado Nikos Papandreou, que había visitado el único cementerio bahá’í de Egipto —ya saturado—, reclamó más terrenos para entierros, el reconocimiento y registro de los matrimonios y el fin de las prácticas administrativas discriminatorias y del acoso de seguridad. La representante de la BIC ante la ONU, Saba Haddad, explicó que la comunidad buscó sin éxito el diálogo con las autoridades y subrayó que muchos de los problemas requieren soluciones administrativas, y no reformas legales o constitucionales, en contradicción con la visión de coexistencia que ha expresado el presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Varios gobiernos fijaron posición durante el panel. Canadá manifestó su preocupación por la «discriminación, intolerancia y restricciones» contra la comunidad bahá’í y preguntó qué medidas prácticas han resultado más eficaces; Suiza expresó inquietud por las restricciones a los cementerios bahá’ís, y la Unión Europea indicó que su Alta Representante y su Representante Especial para los Derechos Humanos han planteado el asunto ante las autoridades egipcias y continuarán haciéndolo.
Fuente: Bahá’í International Community