Una maestra sij ha impugnado el proyecto de ley 21 de Quebec después de que la ley le exigiera quitarse el turbante y el kirpan para trabajar como maestra. La legislación prohíbe a ciertos empleados del sector público en Canadá llevar símbolos religiosos visibles en el trabajo. El caso se encuentra ahora ante la Corte Suprema de Canadá y se centra en si infringe las libertades fundamentales y otras protecciones constitucionales, al tiempo que refleja el compromiso de la provincia con el laicismo estatal. El resultado podría tener amplias implicaciones para la expresión religiosa, los derechos de las minorías y los límites de la autoridad gubernamental en una democracia multicultural.
La impugnación de la profesora sij contra el proyecto de ley 21
El proyecto de ley 21, conocido formalmente como la ley de laicismo de Quebec, fue aprobado en 2019.
Prohíbe a los empleados públicos en puestos de autoridad, incluidos maestros, policías, jueces y fiscales, llevar símbolos religiosos visibles mientras desempeñan sus funciones. La ley también se aplica a directores de escuelas y otras figuras de autoridad. Incluye artículos como turbantes, hiyabs, kipás y cruces.
La impugnación legal involucra a la maestra sij Amrit Kaur, quien se graduó como maestra el mismo año en que se aprobó la ley.
Ella sostiene que llevar un turbante y un kirpan —una pequeña daga ceremonial— es parte integral de su identidad y su fe. Sus abogados explicaron ante el tribunal que quitarse estos objetos sería como «renunciar a su propia identidad» y que no se trata de simples accesorios, sino que reflejan valores fundamentales como la igualdad y el deber de luchar contra la injusticia.
Tras la entrada en vigor de la ley, abandonó Quebec para continuar su carrera docente, ya que esta le impedía de hecho trabajar en la provincia.
Argumentos en contra de la ley
Los opositores al proyecto de ley 21 sostienen que viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, en particular las garantías de libertad religiosa e igualdad. Varias organizaciones, entre ellas grupos sij, asociaciones musulmanas y defensores de las libertades civiles, sostienen que la ley afecta de manera desproporcionada a las minorías religiosas, especialmente a las mujeres musulmanas y a los sij practicantes.
La impugnación está liderada por la Junta Escolar de Montreal Inglesa y cuenta con el apoyo de una coalición de organizaciones, entre las que se incluyen un grupo sij, un sindicato de docentes y representantes de abogados judíos. Argumentan que la ley viola múltiples protecciones constitucionales, algunas de las cuales, según ellos, no pueden ser anuladas por la cláusula de excepción.
Los representantes legales también han argumentado que la ley interfiere con los derechos a la educación en lenguas minoritarias protegidos por el artículo 23 de la Carta, incluido el derecho de los consejos escolares de lengua inglesa a administrar y controlar sus instituciones. Una sentencia judicial anterior había eximido a los consejos escolares de lengua inglesa de la aplicación de la ley, pero esa exención fue posteriormente revocada en apelación.
Otros argumentos incluyen preocupaciones sobre la igualdad de género, con abogados que afirman que las mujeres musulmanas se ven afectadas de manera desproporcionada, y alegaciones de que la ley apunta a la práctica religiosa en sí misma en lugar de mantener la neutralidad.
Los críticos han advertido además que el uso de la cláusula de excepción en este caso refleja un cambio más amplio, en el que los gobiernos la invocan de manera preventiva para evitar el escrutinio judicial, lo que podría debilitar las garantías constitucionales.
La posición del gobierno de Quebec
El gobierno de Quebec sostiene que el proyecto de ley 21 es necesario para preservar el modelo de laicismo de la provincia, a menudo denominado «laïcité», que hace hincapié en que las instituciones estatales permanezcan imparciales.
El gobierno ha invocado la cláusula de excepción de la Constitución canadiense, lo que permite que la ley se aplique a pesar de ciertas protecciones de la Carta. Los partidarios argumentan que esto refleja la voluntad democrática de la legislatura de Quebec y su enfoque cultural distintivo del secularismo.
Se espera que los defensores de la ley argumenten ante el tribunal que esta representa una expresión legítima de los valores de Quebec y que es competencia de la provincia.
Lo que está en juego
La decisión del Tribunal Supremo podría sentar un precedente significativo sobre el alcance de la libertad religiosa y hasta qué punto los gobiernos pueden regular las expresiones de fe en las instituciones públicas. También podría aclarar los límites de la cláusula de excepción y su papel en el marco constitucional de Canadá.
Más allá del resultado legal, el caso ha desencadenado un debate nacional más amplio sobre la identidad, la inclusión y el significado del laicismo en el Canadá moderno.
Fuente: THE TIMES OF INDIA