Líderes religiosos exigen el fin de la pena de muerte, en concreto piden al gobernador Eric Holcomb que detenga la ejecución de Joseph Corcoran el 18 de diciembre.
Decenas de manifestantes se reunieron en la escalinata del Capitolio del Estado de Indiana. Si Holcomb sigue adelante con la ejecución de Corcoran, será la primera vez en 15 años desde la última ejecución del estado.
La hermana Barbara Battista, promotora de justicia de las Hermanas de la Providencia, fue testigo directo de dos ejecuciones.
«El gobierno está a punto de condenar a muerte a un hombre en nuestro nombre y nosotras tenemos influencia. Tenemos influencia, vivimos en una democracia. Tenemos acceso a nuestro gobierno. Quiero que todos los que se preocupan por la vida humana y la dignidad llamen, escriban y envíen correos electrónicos al gobernador Holcomb».
Al pie de la escalinata hay una campana gigante de Delaware. Creada en 1992, la campana fue tocada por defensores de la pena de muerte. Charles Keith, Impact Community Liaison, Death Penalty Action, dice que quiere que todo el mundo oiga su sonido porque es el eco de las personas que han muerto o están en el corredor de la muerte sin poder hablar. Es el sonido de la gente que protesta.
«Delaware abolió la pena de muerte, así que ya no la necesitan, y lo que esperamos es que vayamos a otros estados y se produzca el mismo efecto. Oyen sonar la campana y también acabarán con la pena de muerte».
Joseph Corcoran fue condenado por matar a cuatro personas en Fort Wayne en 1997. Los abogados de Corcoran argumentaron que debía ser eximido debido a su enfermedad mental (esquizofrenia paranoide), pero el tribunal supremo del estado confirmó la sentencia.
«Siete días antes del nacimiento de Jesús, el gobernador Holcomb va a mandar matar a una persona», dijo Bill Breedon, reverendo de la Iglesia Unitaria Universal.
Las apelaciones y los desafíos legales han retrasado la sentencia de muerte de Corcoran durante años, por no mencionar la falta de Pentobarbial, el fármaco necesario para la inyección letal.
«En primer lugar, se trata de un fármaco que nunca antes se había utilizado en el estado», dijo David Frank, presidente de Indiana Abolition Coalition. «Es un procedimiento que nunca se ha utilizado antes, y no sabemos de dónde se ha obtenido la droga».
La droga se utilizó en el pasado en la Penitenciaría de los Estados Unidos, en Terre Haute, para ejecuciones federales.
Frank dijo que las ejecuciones son costosas. Un informe fiscal de 2015 de la Asamblea General de Indiana reveló que el coste medio de un juicio por pena de muerte rondaba los 380.000 dólares, casi 10 veces más que el coste de los juicios y apelaciones por condenas a cadena perpetua.
Los manifestantes esperan que su mensaje llegue al gobernador Holcomb, y tienen previsto continuar su misión dirigiéndose también al gobernador electo Mike Braun.
Fuente: msn