El 1 de abril, el Parlamento escocés aprobó oficialmente la Ley sobre Delitos de Odio y Orden Público, que establece restricciones para castigar la incitación al odio. La ley, que recibió críticas masivas en Escocia, define el delito como el hecho de que una persona se comporte «de un modo que una persona razonable consideraría amenazante, abusivo o insultante, o comunique a otra persona material que una persona razonable consideraría amenazante».
Una vez que el letrado cumple esta parte del delito, debe probar que el delincuente o bien pretendía «incitar al odio contra un grupo de personas basado en que el grupo se define por referencia a la raza, el color, la nacionalidad o los orígenes étnicos o nacionales» o bien «una persona razonable consideraría que el comportamiento o la comunicación del material puede dar lugar a que se incite al odio contra dicho grupo».
Aunque los límites definidos por el proyecto de ley pueden parecer extremos y poco razonables, otros países con leyes contra el discurso del odio, como el Reino Unido y otros de la Unión Europea, han procesado a cristianos por expresar sus opiniones sobre cuestiones de género o sexualidad. Aunque muchos no percibirían estas acciones como amenazadoras o perjudiciales, otros expresan continuamente su ofensa personal por las palabras de otros. Aunque ningún proyecto de ley es perfecto, la Ley sobre Delitos de Odio y Orden Público contempla el derecho a la libertad de expresión garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege «las ideas que ofenden, chocan o perturban».
La protección de los derechos humanos y la libertad de expresión es una prioridad absoluta para muchas democracias occidentales, incluido Estados Unidos. Sin embargo, con los continuos avances hacia la ampliación de las definiciones y castigos de la incitación al odio, Occidente está experimentando un deterioro en la práctica de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.
Fuente: PERSECUTION.ORG