El Vaticano se ha unido a los líderes religiosos estadounidenses y a los activistas contra la pena de muerte para apoyar el deseo del gobernador de Luisiana de despejar las celdas del corredor de la muerte en su estado.
El gobernador John Bel Edwards, un demócrata católico, pidió en agosto que la Junta de Indultos de Luisiana reconsiderara las solicitudes de indulto de 56 prisioneros condenados a muerte en el estado. Si bien el estado sólo ha ejecutado a una persona en dos décadas, Luisiana, junto con otros 26 estados de Estados Unidos, todavía permite la pena de muerte.
La Junta de Indultos de Luisiana ha programado veinte solicitudes de audiencias de indulto para los próximos dos meses. Sólo una persona condenada a muerte no se encuentra entre las solicitudes de indulto del estado, informó NPR.
“Al igual que usted, la Iglesia católica cree que nuestra sociedad sólo puede beneficiarse de la rehabilitación de personas que han sido condenadas por delitos”, escribió el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano, en cartas del 26 de septiembre. “Le instamos respetuosamente a que ejerza todos los poderes conferidos a su cargo para alentar a la Junta de Indultos a incluir en el expediente a los 36 solicitantes restantes”.
Paglia añadió: “Creemos que la limpieza del corredor de la muerte de Luisiana sería un paso monumental hacia la abolición de la pena de muerte, que merecería ser también un ejemplo para otros estados”.
El día antes de la carta del Vaticano, una coalición de opositores a la pena de muerte, entre ellos Faith Leaders of Color Coalition, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Amnistía Internacional Estados Unidos, hicieron un llamamiento similar al gobernador, describiendo las desigualdades raciales en el uso de la pena de muerte en el estado.
“En Luisiana, los negros representan sólo un tercio de la población del estado, pero representan más del 67 por ciento de los casos capitales en el estado”, escribieron en una carta dirigida a Edwards y a la junta de indultos. “Hoy en día, el indulto sigue siendo la herramienta más poderosa disponible para corregir las injusticias del pasado y garantizar que nadie sea ejecutado mañana basándose en un sistema, construido en una época pasada, que ahora reconocemos que no funciona, es racista y defectuoso”.
En su último discurso estatal ante la Legislatura de Luisiana en abril, Edwards, cuyo mandato finaliza en enero, pidió por primera vez a sus miembros que eliminaran la pena de muerte en el estado.
“Todos sabemos que nuestro sistema de justicia penal está lejos de ser perfecto, pero la pena de muerte es definitiva”, afirmó. “Sabemos que en 2023 la pena de muerte no será necesaria para la seguridad pública; y quizás lo más importante es que es totalmente inconsistente con los valores provida de Luisiana, ya que literalmente, por definición, promueve una cultura de la muerte”.
Expresó su apoyo a la legislación presentada por el representante estatal demócrata Kyle Green que luego fue rechazada.
“Muchas personas testificaron en la Cámara de Representantes de Luisiana a favor de un cambio en la ley estatal, pero ese proyecto de ley nunca salió del comité”, dijo el arzobispo católico de Nueva Orleans, Gregory Aymond, a su periódico arquidiocesano en una entrevista reciente. “Seguiremos abogando por el fin de la pena capital en el estado”.
El Fiscal General de Luisiana, Jeff Landry, recordando las víctimas de asesinato de algunos condenados a muerte, presentó una demanda el 20 de septiembre contra la Junta de Indultos por lo que su oficina describió como un “cortocircuito” de procedimientos.
“La Junta de Indultos no debería sacrificar el estado de derecho, los derechos de las víctimas y la participación del público simplemente para lograr el objetivo político del Gobernador”, dijo Landry en un comunicado. “Se deben hacer cumplir las leyes que figuran en nuestros libros y se deben seguir los procedimientos adecuados”.
Pero algunos grupos estatales y nacionales, incluida la Red de Movilización Católica, han abogado durante mucho tiempo por el fin de la pena de muerte.
Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de la Red de Movilización Católica, se unió a la agencia del Vaticano para apoyar los esfuerzos del gobernador contra la pena capital.
“La última inyección letal en Luisiana tuvo lugar en 2010”, dijo. “Ya es hora de que Luisiana elimine la pena capital de sus libros”.
Fuente: News.EUROEuro