Una administración local de Uttar Pradesh ha sido acusada de presentar un informe policial «falso e infundado» contra ocho líderes musulmanes que se habían opuesto a la demolición «ilegal» de su mezquita, en un caso presentado ante un tribunal indio.
El derribo de la Masjid Gareeb Nawaz Al Maroof el mes pasado, llevado a cabo por orden de la administración local del distrito de Barabanki, provocó una gran protesta e hizo que muchos musulmanes locales se escondieran.
En los días siguientes a la demolición, la administración de Barabanki presentó un caso policial contra ocho líderes musulmanes locales que se habían opuesto a la demolición, acusándoles de falsificar documentos que habían llevado a registrar ilegalmente la mezquita en terrenos del gobierno.
En una petición presentada ante el Tribunal Superior de Allahabad publicada el martes, los representantes de la administración de la mezquita alegaron que se había presentado un informe policial «falso e infundado» contra los líderes musulmanes.
En un auto, los jueces consideraron que el gobierno estatal no había aportado ninguna prueba al tribunal de la falsificación o adulteración de los documentos, pero le dieron tres semanas más para presentar las pruebas. También se concedió protección contra la detención a los musulmanes citados en el caso.
La administración local que ordenó el derribo de la mezquita el 17 de mayo la había calificado de «estructura ilegal» que invadía terrenos del gobierno. La demolición ha suscitado comparaciones con la de Babri Masjid, mezquita derribada por una turba hindú de derechas en 1992.
El gobierno de Uttar Pradesh está dirigido por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), que también controla el gobierno central. El ministro principal del estado, Yogi Adityanath, es uno de los líderes más duros del partido, conocido por su vitriolo hacia los musulmanes.
Tras la demolición de la mezquita, el comité Masjid Gareeb Nawaz Al Maroof y los funcionarios de la junta waqf de Uttar Pradesh, que supervisa el funcionamiento de todas las mezquitas del estado, habían impugnado la demolición de la mezquita por considerarla «claramente ilegal» y exigieron su reconstrucción.
La administración de Barabanki ha negado desde entonces que hubiera una mezquita en el terreno y ha calificado el edificio de «construcción ilegal». Sin embargo, documentos vistos por The Guardian muestran que el edificio fue registrado por primera vez en un organismo estatal como mezquita en 1968. Chaudhary Haseen, de 65 años, confirmó también que la administración local había designado a su difunto padre, Anwar Hussain, como cuidador de la mezquita, que, según dijo, había estado en pie «desde el periodo británico», entre 1956 y 1986.
La demolición se produjo después de semanas de acoso por parte de la administración de Barabanki contra el comité de la mezquita y los musulmanes que la frecuentaban. Se había enviado una notificación al comité alegando que la estructura era una «construcción ilegal» y las tensiones surgieron después de que los musulmanes a los que se les impidió rezar en la mezquita se enfrentaran a la policía, lo que provocó docenas de detenciones.
La decisión de demoler la mezquita supone también una violación de una orden del Tribunal Superior dictada el 24 de abril, en la que se ordenaba la suspensión de todas las demoliciones y desalojos en Uttar Pradesh hasta el 31 de mayo.
Adarsh Singh, magistrado del distrito de Barabanki, ha declarado que la administración ha actuado en «total cumplimiento» de la ley.
Fuente: The Guardian