La ley garantiza la libertad de culto (que no de religión) y prohíbe la discriminación religiosa. Hay varias Iglesias católicas y de otras confesiones cristianas, así como un templo sij, uno hindú (en construcción) y una semisecreta sinagoga judía. A diferencia de sus vecinos Arabia Saudí y Qatar, Emiratos acepta y promueve la celebración de las Navidades cristianas, el Diwali indio o el Año Nuevo chino. Incluso han dado el día libre el martes a quienes tengan entrada para la misa papal.
De hecho, las autoridades han proclamado 2019 como el “año de la tolerancia” y explotado intensamente ese lema en vísperas del viaje de Francisco. Hay un ministro del ramo, una web destinada al asunto, un puente, un festival y un día para celebrarlo, el 16 de noviembre. El empeño en presentarse como un “modelo líder en tolerancia, diversidad, pluralismo y cultura” también ha traído consigo el escrutinio exterior.
Si Emiratos no es culturalmente totalitario, tampoco es el paraíso de la tolerancia que proclaman sus dirigentes. Los musulmanes chiíes son a menudo objeto de recelos por su presunta relación con Irán (cuyo régimen es islamista chií). Incluso la religión oficial del Estado, el islam suní, es objeto de vigilancia y control. Los activistas de derechos humanos recuerdan que el país no permite la crítica política con el pretexto de la seguridad nacional; tampoco existe la libertad de asociación, ni la de expresión, lo que hace que el observatorio Freedom House de EE UU lo considere un país sin libertades.
Desde las protestas de la primavera árabe en 2011, EAU ha suprimido cualquier muestra de oposición, en especial por parte de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, una organización que considera terrorista. Activistas, jueces, abogados, académicos y periodistas han sido detenidos sin las debidas garantías procesales. Recientemente, el doctorando británico Matthew Hedges fue condenado a cadena perpetua antes de ser indultado como resultas de la presión internacional.
Amnistía Internacional (AI) ha pedido al papa Francisco que aborde con los dirigentes emiratíes los casos de los activistas de derechos humanos detenidos, entre los que ha recordado a Ahmed Mansur, Naser Bin Ghaith y Mohamed al Roken. “Si realmente son serios sobre la reforma, deberían anular las leyes y prácticas que perpetúan la discriminación, y liberar a todos los presos de conciencia”, ha declarado la directora de AI para Oriente Próximo, Lynn Maalouf.
