¿Cuáles son las consecuencias de la aprobación de la eutanasia?

Publicado octubre 28, 2021, 12:40 pm
18 mins

Un análisis de aquellos países que legalizaron esta práctica

En los últimos días la eutanasia volvio a ser noticia en los principales medio de comunicación, luego de que en Colombia (el único país latinoamericano en permitir esta práctica) se diera lugar a la petición de Martha Sepúlveda, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), para que que se le practique el procedimiento de la eutanasia.

No obstante, en el transcurso de poco días, el Instituto Colombiano del Dolor anunció que la práctica finalmente no sería llevada a cabo, debido a que Sepúlveda no era una enferma terminal y, por ende, no se cumplían con los requisitos previsto por la ley. A pesar de que se evitó la vulneración del derecho a la vida, basta con observar la realidad para dar cuenta de que hoy en día este derecho se encuentra más amenazado que nunca. No solo por el avance de los movimientos abortistas, sino también por el avance lento, pero sostenido, de la legalización de la eutanasia en varios paises del mundo.

Actualmente esta práctica se encuentra legalizada en 7 países: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, recientemente España y Colombia. A estas jurisdicciones se le suman Suiza, Estados Unidos y Australia, que debido a ciertos vacíos y trampas legales, la eutanasia o el suicidio asistido son permitidos por sus respectivas legislaciones. Frente a este contexto, científicos de diversas instituciones han llevado a cabo en estos países numerosos estudios, comparando la situación anterior y posterior a la legalización de esta práctica. Los resultados arrojados por estas investigaciones son más que preocupantes y demuestran, una vez más, porque la eutanasia no es la solución.

¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido?

En pocas palabras, se entiende a la eutanasia como aquella acción mediante la cuál el médico provoca deliberadamente la muerte de su paciente. Existen dos tipos de eutanasia: activa y la pasiva. La primera de ellas refiere a las acciones que producen “una muerte que no hubiera ocurrido sin las mismas”, como por ejemplo, la muerte de una persona por la aplicación de una inyección letal (sin ésta última la vida de la persona no se hubiese terminado). Luego, tenemos a la eutanasia pasiva, la cuál hace referencia a la supresión o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida, quien fallece como consecuencia de tales decisiones. Concretamente, esta cara de la práctica se la puede ver, por ejemplo, cuando se cesa el tratamiento de un paciente y, por ende, se lo deja morir; desconectar las máquinas de apoyo a la vida como los respiradores o los tubos de alimentación o no ejecutar operaciones que pueden ayudar a prolongar la vida del paciente.

Por su parte, tenemos a la práctica del suicidio asistido. Sucidio asistido y eutanasia no son lo mismo. La diferencia radica en quién provoca la muerte del paciente. Mientras que el suicidio asistido implica que esta medida sea ejecutada por el propio enfermo que cuenta con la ayuda de alguien más que le facilita los medios y conocimientos para hacerlo, en la eutanasia la propia acción de terminar con la vida del paciente es llevada a cabo por el médico. A pesar de que ambos términos poseen sus diferencias, tanto la eutanasia como el suicidio asistido tienen una finalidad en común: destruir la vida humana. Estas dos prácticas, debido a su naturaleza y propósito, constituyen nada más ni nada menos que el homicidio de un ser humano amparado por el marco legal.

¿Cuáles han sido las consecuencias experimentadas luego de la legalización de la eutanasia en los países que la han aprobado?

Para otorgar una respuesta a esta interrogante, recolectamos una serie de investigaciones llevadas a cabo en varios países del mundo en diferentes años, con el objetivo de tener una mejor comprensión de la evolución de los efectos negativos y las preocupaciones de la sociedad acerca de este fenómeno a lo largo del tiempo.

Primeramente, la investigación titulada “Legalización de la Eutanasia: Evaluación Mundial sobre la Aplicación del Suicidio Asistido” llevada a cabo por la doctora en Bioética e investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana en México, Maria de la Luz Casas, se encargó de recolectar, en un principio, todos los argumentos esgrimidos por los comités de diferentes partes del mundo encargados de debatir acerca de la legalización o no de la eutanasia. De acuerdo con Casas, todos los comités, incluso aquellos que se encontraban conformados mayoritariamente por miembros que se presentaban a favor de la legalización de esta práctica, concluyeron que sin importar todos los mecanismos de control que se impongan a la legalización de la eutanasia, nunca se podrá librar de la posibilidad de que la vida de aquellos que no quieran morir fuera puesta en grave peligro.

La investigadora trae a colación uno de los debates que tuvo lugar en 1993 en el Reino Unido cuando hubo intentos por ciertos sectores de legalizarla. El Comité Selecto de la Cámara de los Lores (The House of Lords Select Committee, por su nombre en inglés) concluyó que no se puede tener en cuenta única y exclusivamente el caso individual para la despenalización de una práctica que tiene tan serias y amplias repercusiones, ya que morir no es una cuestión meramente individual. La muerte de una persona afecta la vida de otros, a menudo en formas de una extensión que, en varias ocasiones, no son correctamente dimensionadas.

En este aspecto, Casas sostiene que postular un caso ‘ideal’ o ‘bueno’ no es suficiente para desarrollar una política pública de esta clase y mucho menos si tal política posee poca o nula relación con las prácticas sociales y médicas que prevalecientes en la sociedad. Debido a ello, la eutanasia siempre se ejecutará por medio de la desigualdad social y la discriminación que caracterizan la prestación de servicios de todo tipo, en especial, el servicio a la asistencia médica. Indudablemente, en aquellos paises que la eutanasia fue legalizada, la práctica supuso, en palabras de Casas, “mayores riesgos para los que son pobres, de edad avanzada, miembros de grupos minoritarios, o sin el acceso a un buen cuidado médico”.

Retomando lo mencionado por el Comité Selecto, se demostró que no es posible sentar límites seguros en la eutanasia voluntaria. Concretamente, es imposible asegurar y comprobar objetivamente que todos los actos de eutanasia solicitados fueran verdaderamente voluntarios y, al mismo tiempo, evitar cualquier tipo de abuso. Todo ello llevaría, según lo mencionado por el Comité, a que el hecho de crear una excepción a la regla general de prohibir el homicidio intencional abriría inevitablemente el camino a una futura erosión, por voluntad, inadvertencia, o por la tendencia humana de probar límites ante cualquier legislación. Es por ello mismo, que la consencuencias de la legalización de la eutanasia no se limitarían solamente a su descriminilzación, sino que se extenderían mucho mas en el tiempo.

Por otro lado, el estudio publicado en la revista Current Oncology titulado “Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la ilusión de salvaguardas y controles” (“Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls”) y conducido por J. Pereira, analiza minuciosamente todos los mecanismos de salvaguarda que se establecen simultáneamente al momento de la sanción de este tipo de leyes para “persuadir” al paciente a no optar por la eutanasia.

A pesar del hecho de que en todos los países en donde esta práctica es legal, existen numerosos mecanismos de control (tales como el consentimiento por escrito, una segunda opinión médica, un registro obligatorio del procedimiento, entre otros), Pereira señala que existe vasta evidencia empírica de que estas leyes y salvaguardas son regularmente ignoradas y transgredidas en todas las jurisdicciones y que las infracciones, en su mayoría, no son procesadas ante la justicia. El investigador cita el caso de Países Bajos donde, a unas 900 personas anualmente se les administran sustancias letales sin haber dado su consentimiento explícito, o bien, el hecho de que se han detectado casi 5000 casos en este mismo país en donde los médicos han inyectado a sus pacientes terminales dosis letales de morfina sin su consentimiento.

Pereira sostiene que si bien el hecho de que una sociedad haya permitido la práctica de la eutanasia es mas que alarmante, mas preocupante es aún que en dichas sociedades se desarrolle una tolerancia a las trasngreciones de estos sistemas de control. En esta misma línea, el investigador denuncia que hoy en día el grupo de personas que legalmente pueden acceder a la eutanasia se está ampliando a pasos inquietante, debido a que actualmente algunas jurisdicciones estan comenzado a extender la práctica a recién nacidos, niños y personas con demencia. Una enfermedad terminal ya no es un requisito previo. Nuevamente, se menciona el caso de Paises Bajos, dado que las autoridades neerlandesas están considerando la eutanasia para cualquier persona mayor de 70 años que esté “cansada de vivir”.

Por otro parte, un documento presentado por la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos (ACEB) cita una serie de ejemplos claros de como la eutanasia pone en peligro el derecho a la vida de los mas vulnerables:

  • La Vanguardia (6/01/2001) publicó la siguiente noticia: “Médico de familia y asesino en serie”. Un minucioso informe de la universidad de Leicester determina que probablemente 297 pacientes de Harold Shipman no murieron por causas naturales. En su expediente se lee que mataba predominantemente a señoras de mediana edad, entre los 50 y 65 años, aplicándoles sobredosis de drogas como la heroína, que conseguía con su licencia de médico haciendo ver que eran para aliviar el dolor de sus pacientes.
  • El País (23/06/2000) publicó el caso de una enfermera inglesa investigada por la muerte de 18 menores. Al estar versada en los cuidados paliativos aplicados a casos incurables, sus visitas a las distintas casas no eran supervisadas con el mismo rigor que las tareas del resto de sus compañeras.
  • En Brasil, publicó ABC (11/05/99) que el auxiliar de enfermería Edson Izidoro, sospechoso de haber matado a 131 pacientes en estado grave, confesó haber recibido comisión de las funerarias y de haber actuado por dinero.
  • La Razón (12/01/99) publicó “Un médico holandés denuncia ante el Consejo de Europa 900 casos de eutanasia sin consultar al paciente”. La denuncia fue realizada por el doctor Henk Ten Have en la reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que tuvo lugar el día anterior.
  • El Mundo publicó (7/01/99) “La policía británica investiga 50 muertes por eutanasia”. Varios hospitales han sido acusados de haber retirado el suero intravenoso a sus pacientes, mientras estaban sedados, y de causarles la muerte por deshidratación.
  • ABC (8/08/2000) publicó «En Dinamarca no se atenderá a los enfermos terminales para ahorrar gastos». El pacto concertado entre médicos y políticos escandaliza a la sociedad.

En otro aspecto, no podemos ignorar el hecho de que no sólo el derecho a la vida se transgrede al momento de legalizar esta práctica, sino que en varias ocasiones también se viola la objeción de conciencia de los profesionales de salud en aquellos países donde se encuentra legalizada. Aquellos médicos que no deseen realizar esta práctica, porque no la consideran correcta y/o solución al verdadero problema y atenta contra sus principios éticos y morales, enfrentan la posibilidad de sufrir penas legales por hacer lo que su conciencia les dicta como correcto.

Como bien se sabe, la objeción de conciencia encuentra sus raíces en la propia libertad de pensamiento y se vincula, al mismo tiempo con la propia Libertad Religiosa, es por ello, que cuando leyes de eutanasia extremistas, en donde no se contempla bajo ningun aspecto a una parte fundamental de la práctica, es decir, el propio médico, se está atentando simultáneamente contra la propia libertad de pensamiento y conciencia.

Sin embargo, no es necesario que la legislación no permita la objeción de conciencia para que los médicos objetores sufran repercusiones. Incluso en aquellos sistemas legales donde la objeción de conciencia es permitida a los profesionales de la salud, varios de ellos se enfrentan a posibles repercusiones laborales y hasta sociales por no querer llevar a cabo esta práctica.

Todo lo mencionado anteriormente, demuestra como no solo la eutanasia no es la solución, sino que se debe trabajar arduamente sobre otras áreas de la salud para evitar el avance de esta práctica. Cuidados paliativos de calidad, teniendo como centro a la persona y su bienestar, es vital para que los días finales del enfermo sean los más humanos posibles.

El anterior texto fue elaborado con información extraida de Razones del no a la eutanasia; Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls y Legalización de la Eutanasia: Evaluación Mundial sobre la Aplicación del Suicidio Asistido.

Fuente: Sala de Prensa Conciencia Nacional

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