Igual como sucedi\u00f3 durante la primera dictadura sandinista (1979-1990), la actual tiran\u00eda de Daniel Ortega est\u00e1 persiguiendo a la Iglesia Cat\u00f3lica. Esta vez lo hace creando herramientas represivas con las que persigue \u00ablegalizar\u00bb sus intenciones de encarcelar a l\u00edderes religiosos.<\/p>\n\n\n\n
Un informe sobre supuestas \u201cconsultas\u201d realizadas por la Comisi\u00f3n de Justicia y la Comisi\u00f3n de Gobernaci\u00f3n de la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, ha dejado en evidencia las intenciones del r\u00e9gimen de \u00ablegalizar\u00bb la persecuci\u00f3n y propone judicializar a l\u00edderes religiosos.<\/p>\n\n\n\n
El abogado y analista pol\u00edtico \u201cCarlos \u00c1vila\u201d, a quien identificaremos con ese nombre por razones de seguridad, explica los alcances de las nuevas medidas del r\u00e9gimen que persigue reformar el C\u00f3digo Procesal Penal para imponer penas m\u00e1s fuertes contra todo lo que el r\u00e9gimen considere oposici\u00f3n pol\u00edtica. Para ese fin han elaborado un \u201cinforme\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La medida tambi\u00e9n pone en el blanco a directores de organismos de derechos humanos, que seg\u00fan el r\u00e9gimen se involucraron en la \u201caventura golpista\u201d. As\u00ed califica la tiran\u00eda sandinista las protestas sociales de abril de 2018, cuyo origen fue la reforma de la seguridad social y posteriormente se ampli\u00f3 a la salida del poder de la familia Ortega-Murillo por la respuesta represiva de la dictadura.<\/p>\n\n\n\n
El analista dijo que Ortega est\u00e1 dirigiendo los nuevos blancos de la represi\u00f3n contras las \u00fanicas dos voces que quedan en el pa\u00eds y no ha logrado silenciar: la Iglesia Cat\u00f3lica y los defensores de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Desde el estallido social de abril de 2018, la Iglesia Cat\u00f3lica pidi\u00f3 al r\u00e9gimen escuchar la voz del pueblo; obispos y sacerdotes arriesgaron sus vidas para proteger a la poblaci\u00f3n de los paramilitares y la polic\u00eda, y ha propiciado el di\u00e1logo entre el r\u00e9gimen y la oposici\u00f3n como garante.<\/p>\n\n\n\n
Pero la respuesta de Ortega y su mujer, la vicepresidente Rosario Murillo, ha sido de ataques, persecuci\u00f3n, insultos, amenazas a sacerdotes y obispos, y atentados contra sacerdotes y edificios religiosos.<\/p>\n\n\n\n
El letrado sostiene que el objetivo de la dictadura es reforzar el marco de aplicaci\u00f3n del paquete de leyes represivas aprobadas a finales de 2020, y que aplica desde 2021. \u00abA un a\u00f1o de su aplicaci\u00f3n, parece que el r\u00e9gimen de Ortega considera que esas leyes se les han quedado cortas porque [los jueces] reciben ordenes de actuar con m\u00e1s sa\u00f1a y tienen que pasar por encima de la Ley, y parece que a algunos les preocupa [las consecuencias futuras]\u00bb, apunt\u00f3 \u00c1vila.<\/p>\n\n\n\n
Para el experto, las nuevas medidas son una amenaza dirigida a sectores concretos. \u201cEl contenido del informe tiene puntos claves: primero, es una amenaza clar\u00edsima a la Iglesia Cat\u00f3lica, a los sacerdotes y a sus comunidades, a los defensores de derechos humanos a quienes [el r\u00e9gimen] acusa en su informe de haber organizado un intento de \u2018golpe de estado\u2019, establece que esas organizaciones deben ser investigadas, y que debe haber penas m\u00e1s severas para los religiosos y los defensores de derechos humanos que se involucraron en la \u2018aventura golpista\u2019 como dicen ellos. Hay una clara amenaza contra la Iglesia Cat\u00f3lica y los organismos de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Un segundo aspecto que establece el \u201cinforme\u201d son las confiscaciones de bienes a los opositores condenados por el r\u00e9gimen a quienes acusa de \u201cmenoscabo a la soberan\u00eda\u201d. \u00abEst\u00e1n tratando de convertir en una norma lo que han venido haciendo de facto y selectivamente. Ya la confiscaci\u00f3n se convertir\u00eda en una pena accesoria para los presos pol\u00edticos condenados\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Se convertir\u00eda en una \u2018pi\u00f1ata penal\u2019<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00c1vila estima que con las \u201crecomendaciones\u201d del informe, el r\u00e9gimen terminar\u00e1 realizando reformas al C\u00f3digo Procesal penal con las que tambi\u00e9n persigue aumentar la \u201csecretividad\u201d de los juicios que es el tercer elemento clave que aborda el informe. \u00abDicen que es recomendable que se establezca la obligaci\u00f3n de silencio para todos los investigados, de esta manera el que es investigado ni siquiera va a poder denunciar que est\u00e1 siendo investigado porque se convertir\u00eda en otro delito\u00bb, agrega.<\/p>\n\n\n\n El objetivo, explica el experto, es legalizar las arbitrariedades que cometieron con los juicios realizados a los opositores en el contexto electoral al no permitirles el acceso a la debida defensa, un derecho constitucional. Los abogados defensores no pudieron reunirse con sus clientes, no tuvieron acceso a los expedientes, y les impidieron llevar hasta libretas de notas a los juicios, subraya.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, los opositores encarcelados en 2021, en el contexto electoral, enfrentan sentencias entre 8 y 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel, y la propuesta del r\u00e9gimen establece condenas de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n