Una persona entra a una agencia de gobierno buscando un servicio. La persona que se supone le atienda no est\u00e1 disponible para ofrecer el servicio espec\u00edfico. Entonces le toca a la persona que supervisa a ese empleado p\u00fablico buscar la forma de suplir la necesidad del ciudadano. Es la norma en el gobierno todos los d\u00edas. De esa forma se administra el servicio p\u00fablico desde hace d\u00e9cadas. Esto no le hace da\u00f1o, ni discrimina contra nadie, pues dependiendo de la rapidez con la que se pueda ofrecer servicio que de primera intenci\u00f3n no estuvo disponible, se satisface la necesidad del ciudadano. Un caso a la vez.<\/p>\n
Ahora, si la falta de disponibilidad en el ejemplo anterior se produce por raz\u00f3n de que el empleado p\u00fablico se niega a ser obligado a violar su propia conciencia, su libertad religiosa, entonces, para algunas personas, parece acabarse el mundo y muchos de los expertos llaman a esto discrimen.<\/p>\n
El discrimen en el que no puede incurrir nuestro gobierno es el que est\u00e1 garantizado en la Constituci\u00f3n y las leyes de los Estados Unidos y Puerto Rico. De hecho, desde la d\u00e9cada de 1950, Puerto Rico proh\u00edbe el discrimen por raz\u00f3n del ejercicio de la libertad religiosa.<\/p>\n
La parte pertinente de la Secci\u00f3n 1 del Art\u00edculo II de la Magna Carta dice: \u201cNo podr\u00e1 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici\u00f3n social, ni ideas pol\u00edticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci\u00f3n p\u00fablica encarnar\u00e1n estos principios de esencial igualdad humana\u201d.<\/p><\/blockquote>\n
Eso es precisamente lo que busca el Proyecto de la C\u00e1mara 1018, conocido y comentado en la prensa como \u201cproyecto de libertad religiosa<\/em>\u201d. Pero me parece m\u00e1s apropiado definirlo como el proyecto que garantiza el derecho constitucional a no ser discriminado por motivos de las ideas religiosas. Ser empleado p\u00fablico no significa una renuncia a ese derecho constitucional.<\/p>\n
Como cuesti\u00f3n de hecho, este proyecto es una promesa de campa\u00f1a del Partido Nuevo Progresista; una propuesta espec\u00edfica que se est\u00e1 cumpliendo con esta legislaci\u00f3n. Quienes tengan dudas pueden referirse a la p\u00e1gina 169 del Plan para Puerto Rico, el cual se convirti\u00f3 en el Programa de Gobierno de la presente administraci\u00f3n y fue firmado por todos los que corrieron bajo la insignia del PNP en 2016.<\/p>\n
Este es un proyecto que busca que la administraci\u00f3n gubernamental cumpla su promesa. Una promesa hecha a cristianos, jud\u00edos, musulmanes y a todas las religiones que puedan practicarse en nuestra isla.<\/p>\n
Como cuesti\u00f3n de derecho, la norma legislada indica claramente que el gobierno no podr\u00e1 negar servicios a nadie por raz\u00f3n de esta ley.<\/p>\n
Los ciudadanos no tenemos derecho a que nos atienda una persona particular en el gobierno.<\/p>\n
Tenemos derecho a ser atendidos y a ser satisfechos en nuestras necesidades. Tambi\u00e9n tenemos derecho a nuestra libertad de conciencia. El gobierno no tiene, ni debe tener, la facultad de violar nuestras conciencias, nuestras pr\u00e1cticas religiosas son parte de esas conciencias. Permitir que el gobierno impida una pr\u00e1ctica religiosa, eso s\u00ed ser\u00eda un verdadero discrimen.<\/p>\n
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